Tras más casos de Fiebre Porcina Africana, porcicultura española exige más información sobre manejo de la emergencia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España informó, en su más reciente reporte, que se han contabilizado 45 brotes de Fiebre Porcina Africana (FPA) en la zona afectada de la Generalitat de Cataluña. 

De acuerdo con un documento oficial, las autoridades informaron que de estos 3 fueron primarios y 42 secundarios, y han derivado en el hallazgo de 268 cadáveres de jabalíes en once municipios de la región, aún sin afectaciones a cerdos domésticos ni unidades de producción.

Asimismo, las autoridades confirmaron que se han analizado 3,409 animales, los cuales resultaron negativos, pese a esto aseguraron que continuarán con las labores de búsqueda, caza y despoblación de jabalíes, así como el monitoreo de todas las medidas de bioseguridad en las zonas boscosas de Cataluña y granjas porcícolas.

La industria porcina pide más información de la emergencia, las medidas y los apoyos prometidos

Ante esto, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos expresó, en un comunicado oficial, la revisión de las medidas sanitarias y pidió aumentar los recursos para la detección, manejo y contención de la FPA.

Insistieron que es necesario aplicar mayores controles sanitarios para frenar la diseminación del virus, ya que esto continúa afectando a la porcicultura española. El organismo informó que esta enfermedad ya ha causado la pérdida de 717 millones de euros a la industria porcina catalana.

“El sector porcino es uno de los más fuertes a nivel estatal y no hablemos del peso que tiene en las exportaciones. A pesar de que algunos países han reconocido la regionalización, otros todavía no y el contexto geopolítico no es el más propicio para nada”, expresaron desde la Unión de Uniones.

Pidieron a las autoridades convocar a una mesa de trabajo para el sector porcino y así abordar los detalles de la evolución de esta emergencia sanitaria, las medidas aplicadas y la implementación del apoyo prometido por parte del gobierno a los porcicultores afectados.